BEATRIZ CORRAL VITORIA.29/10/2011
La futura presencia de agentes femeninas en la Policía Local corre el riesgo de verse seriamente mermada. Al menos ese es el temor del comité de empresa del Ayuntamiento, que ayer volvió a censurar al Gabinete Maroto por «persistir» en la discriminación que sufren las mujeres en las pruebas físicas que se llevan a cabo en la actual oferta pública de empleo (OPE).
Así, si hace dos semanas los trabajadores municipales denunciaron que en la primera actividad, la carrera pedestre, solo el 63% de las chicas consiguieron superarla frente al 95% de los hombres, ayer desvelaron que los resultados se habían repetido en la segunda prueba realizada, la de circuito. En ella, fueron mayoría los participantes masculinos clasificados -92%-, frente a las féminas, ya que solo el 60,34% de las que aún continuaban aprobaron.
Tras estos resultados y a la espera aún de futuros exámenes, son 35 las mujeres que optan a una de las 41 plazas disponibles en la Guardia Urbana, treinta menos que en la OPE de 2009. Puesto que deberán disputarse con otros 428 varones. Datos que, a juicio del comité de empresa, representan un «claro ejemplo» de que en los criterios usados para puntuar las pruebas «no se han tenido en cuenta las diferencias» entre ambos sexos «y de que se está produciendo una discriminación indirecta» por este motivo.
Revisar la puntuación
El problema se produce en la fórmula utilizada para hacer el corte de los que pasan la criba ya que directamente se aplica una media para hombre y mujeres, «en lugar de hacer una media diferenciada, porque aplicar un baremo único para calificar ambos grupos consitituye una violación flagrante del principio de igualdad», insisten.
Sus reclamaciones se han hecho públicas un día después de que el equipo de gobierno popular, por boca de la concejala de Asuntos Sociales, Ainhoa Domaica, reconociera que los criterios establecidos en torno a los exámenes físicos «produjeron un efecto perverso que ha perjudicado a las mujeres que participaron en las pruebas», si bien recordó que habían solicitado un informe jurídico para saber si las bases «eran conformes a la legalidad y así se demostró».
Ante estas palabras, los representantes de los funcionarios recordaron al PP que está «en su mano» reconducir esta situación y tomar las medidas «adecuadas», al tiempo que reclamaron una revisión de la puntuación para lograr una igualdad «efectiva». De lo contrario, advirtieron, si el proceso se anula judicialmente, «habrá responsables que tendrán que pagar por ello y unas personas perjudicadas a las que resarcir».