Se cumplen ya 23 años desde que España firmara en junio de 1986 el Tratado de Adhesión a las por aquel entonces Comunidades Europeas. Una solemne ceremonia en el Palacio Real de Madrid el 12 de junio, ponía punto final al largo proceso negociador hasta conseguir ser miembro de pleno derechos de las Comunidades Europeas.
Ocho años de negociaciones en democracia y un total de veintitrés si se cuenta desde el primer acercamiento de la España franquista en 1962, culminaron en la adhesión de España a las Comunidades Europeas, una cuestión que ha marcado un antes y un después en la Historia de España.
La primera maniobra de aproximación a las recién constituidas Comunidades Europeas fue en febrero del año 1962. El por aquel entonces ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno del dictador Franco, Fernando María de Castiella, remitió una carta al secretario y al Presidente del Consejo de Ministros de la Comunidad Económica Europea. En ella se recogía el interés español de solicitar algún tipo de relación con las Comunidades Europeas que resultara beneficiosa para ambas partes, con el objetivo de conseguir “una asociación susceptible de llegar, en su día a la plena integración después de salvar las etapas indispensables para que la economía española pueda alinearse con las condiciones del Mercado Común”.
Al mismo tiempo que España solicitaba alguna forma de asociación, la Comunidad Económica Europea ponía en funcionamiento una de las políticas más importantes: la Política Agrícola Común (PAC). Ésta fue una de las principales motivaciones que movieron a España a acercarse a las Comunidades.
Pero a pesar de los avances que en materia económica España estaba dando a principios de la década de los 60 gracias al Plan de Estabilización y Desarrollo propuesto en 1959, existía una barrera o “cerrojo” que hacía imposible la adhesión de España a las Comunidades Europeas: el gobierno dictatorial Franco. La realidad política española impedía que durante un tiempo, apenas prosperase cualquier intento de acercamiento a las Comunidades por parte de España.
Para evitar que los estados Europeos sin garantías democráticas adecuadas accedieran a las comunidades, la doctrina comunitaria había interiorizado dos informes fundamentales:
A pesar de que a estos dos informes se podía sumar el veto en el Consejo de Ministros por parte de algún país fundador en cuanto a la incorporación de nuevos Estados, el gobierno franquista no desistía en sus pretensiones. Visto el frío resultado que obtuvo con la primera carta (apenas un acuse de recibo de la misma), dos años después, en 1964, volvió a intentarlo, esta vez con otros resultados. El Consejo de Ministros decidió abrir una ronda exploratoria con el objetivo de ver y solucionar los problemas que el desarrollo de las Comunidades pudiera plantear para España. Visto que podían plantearse algunos, el 11 de julio de 1967, se aprobó un mandato para la negociación de un acuerdo con España, que cristalizaría en el acuerdo comercial preferencial de 1970.
Paralelamente al acercamiento del régimen de Franco, en España comenzaba a desarrollarse un sentimiento europeo y europeísta. Personajes como Calvo Serrer, Manuel Jiménez Hernández, Enrique Tierno Galván, José Larraz o el filósofo José Ortega y Gasset, contribuyeron a ello. Por otra parte, los españoles en el exilio, también participaron y promovieron el sentimiento europeísta; hay que destacar a Salvador de Madariaga, miembro fundador del Movimiento Europeo.
Este sentimiento europeísta fue utilizado por opositores al régimen tanto en el interior como en el exterior para manifestar su condena al régimen. Por su parte, el régimen, también evitó cualquier conato de oposición, por muy europeísta que fuera, como lo muestra el conocido incidente tras el Congreso del Movimiento Europeo en Munich, en junio de 1962, cuando la mayoría de participantes españoles fueron detenidos a su regreso.
El 29 de junio de 1970, en el Centro Kirchberg de Luxemburgo, España firmó el primer Acuerdo Comercial Preferencial con la Comunidad Económica Europea. Tras constatar que el desarrollo de la Comunidad Económica Europea presentaba algunos problemas para España, se decidió la firma de tal acuerdo, gracias al cual España se vio favorecida y consiguió un mayor grado de desarrollo económico.
Pero a pesar de lo que pudiera dar a entender el régimen franquista, el acuerdo firmado distaba mucho de ser un primer paso hacia la adhesión a las Comunidades. Dos años y medio después, y por si quedaba alguna duda de que los términos del acuerdo eran exclusivamente económicos, el Consejo de Ministros de la CEE, acordó unas líneas generales por las que España quedaba excluida de los países europeos con más aspiraciones que un mero acuerdo comercial enmarcado en las relaciones de la Comunidad con los países mediterráneos.
En términos generales, el acuerdo suponía un éxito para España, pero al mismo tiempo, por parte de la Comunidad, bien puede interpretarse como un gesto hacia un país que, cuando las circunstancias políticas así lo dispusieran podría optar a ser miembro de pleno derecho de la Comunidad.
La evolución de la situación en España durante los últimos años de la vida del régimen fue caótica. Consciente de su debilidad, se recrudecieron las acciones encaminadas a evitar cualquier tipo de subversión en contra. Particularmente notorias fueron las actuaciones del “Proceso 1.001” contra miembros de Comisiones Obreras, la sentencia a muerte de Salvador Puig Antich y las condenas a muerte del “Juicio de Burgos”. El rechazo unánime de la Comunidad Europea ante estos golpes de fuerza del régimen provocó la paralización de las negociaciones de un nuevo acuerdo comercial.
Europa, por su parte, en los año 70, completó su primera ampliación con la entrada del Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. Además, adolecía de lo que se ha conocido como “Euroesclerosis”: desde el punto de vista económico, la Comunidad sufrió el impacto de la crisis del sistema de Bretton Woods y la crisis energética de 1973, lo que motivó una carencia de competitividad y un repliegue hacia posiciones más nacionalistas para resolución de la crisis económica. Para salir de la parálisis comunitaria, en enero de 1975 se presentó el “informe Tindemans”, que impulsó la profundización de la dimensión comunitaria.
Con la muerte de Franco en noviembre de 1975 se abría una nueva etapa para España, una etapa de apertura, de cambio de régimen y de democracia. Comenzaban entonces a abrirse las puertas de las Comunidades Europeas para España.
Dos días después de la muerte de Franco, Juan Carlos I fue proclamado rey. En su discurso ante las Cortes (en aquellos momentos, todavía herencia del franquismo), el rey señaló que “Europa deberá continuar con España y los españoles somos europeos. Que ambas partes así lo entiendan y que todos extraigamos las consecuencias que se derivan. Es una necesidad del momento”. Estas palabras no eran más que un presagio de lo que iba a ocurrir, las consecuencias que se derivaban eran, además del necesario desarrollo económico, la conversión de España en un Estado democrático. Conseguido esto, España tendría las puertas abiertas para entrar a formar parte de la Europa comunitaria.
Tras el fracaso del gobierno de Arias Navarro, Adolfo Suárez accedió a la presidencia del Gobierno. Con él, comenzó a ponerse en marcha “el desmantelamiento del régimen desde dentro”, para convertir a España en un Estado democrático. Así se aprobó la Ley para la Reforma Política, se legalizaron los partidos políticos y se convocaron para el 15 de junio de 1977 las primeras elecciones generales tras casi cuarenta años de dictadura. Casi un mes después de las elecciones generales, el gobierno presidido por Suárez, hizo pública su intención de presentar la solicitud de adhesión a las Comunidades Europeas. El 28 de julio de 1977, el Ministro de Asuntos Exteriores español Marcelino Oreja, presentó al presidente del Consejo de Ministros de las Comunidades Europeas la intención española. En la carta presentada por el Ministro español, podía leerse que “el gobierno español, ha decidido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 237 del Tratado Constitutivo de las Comunidad Económica Europea, solicitar oficialmente la apertura de negociaciones, con vistas a la integración de España en la misma, como miembro de pleno derecho”. Salvado el obstáculo político, España ya podía solicitar abiertamente la adhesión formal.
De acuerdo con Raimundo Bassols, uno de los principales hombres que presenció todo el proceso de adhesión español, cuatro eran las principales motivaciones que inspiraban a España para solicitar la adhesión:
El 20 de septiembre de 1977, el Consejo de Ministros de la Comunidad comunicó al gobierno español que el proceso de admisión ya se había puesto en marcha, daño así luz verde al proceso de integración español. El comienzo formal de las negociaciones tuvo lugar el 5 de febrero de1979 en Bruselas; como señaló Leopoldo Calvo Sotelo, Ministro para las Relaciones con las Comunidades Europeas, tras esta primera reunión, si bien las negociaciones habían comenzado, no se sabía cuándo iban a terminar.
Aunque España, con un gobierno democrático, contaba con el beneplácito comunitario, el camino no fue fácil, y en algunos momentos se criticó la lentitud de las negociones.
Tras lograr un acuerdo con las posiciones francesas en materia agrícola y tras el Consejo Europeo de Stuttgart de julio de 1983 que dio solución a los problemas internos comunitarios que se habían planteado, España veía más cerca la meta.
Por otra parte, también hay que destacar la labor de Giulio Andreotti, hombre clave durante la presidencia italiana del Consejo en el primer semestre de 1985; su labor fue decisiva durante las últimas reuniones “maratonianas” mantenidas hasta alcanzar el acuerdo definitivo a finales de marzo de 1985.
Poco tiempo después, el 12 de junio de 1985, en el Palacio Real de Madrid, se firmó el Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas, culminando así la “cuestión de Estado”, que tal y como había señalado Fernando Morán, era la adhesión española a la Europa comunitaria.